Este modelo de lotería, que celebrará su primer sorteo el próximo 20 de diciembre y, a priori, destinará sus beneficios a programas sociales, prevé que las entidades sin ánimo de lucro comercialicen participaciones de números, en las que podrán solicitar al comprador un donativo adicional para la entidad.

 

El Cocarmi considera que lanzar en estos momentos de infrafinanciación de las entidades sociales una lotería basada en este sistema es una forma de confundir tanto a las entidades como a los compradores, ya que se podría asimilar que el juego puede ser la “solución” para mejorar la sostenibilidad de las entidades sin ánimo de lucro.

 

“Las entidades del tercer sector social sufren problemas de financiación desde hace más de diez años, que se han profundizado en cada crisis económica que hemos sufrido. Pensar que un producto de juego lo va a resolver es un grave error. Además, las entidades sociales debemos dedicar nuestros recursos y esfuerzos a dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables, a velar por garantizar nuestros derechos. Históricamente nacimos para prestar servicios y programas para las personas con discapacidad”, denuncia el presidente del Cocarmi, Antonio Guillén.

 

Guillén afirma, además, que "la gran mayoría de las entidades no tienen la estructura para poder ocuparse de la venta y gestión económica de esta lotería. Ello supondría un sobreesfuerzo y una responsabilidad para los equipos de las entidades, que ya trabajan al límite de su capacidad”. También apunta que "en cumplimiento de la transparencia debería existir información más clara del previsto destino social de las Loterías de la Generalitat.".

 

Por otra parte, el Cocarmi considera que debería haber diálogo con las entidades del tercer sector social. "Nunca las entidades del tercer sector social, ni específicamente las vinculadas al movimiento asociativo de la discapacidad, hemos pedido la aplicación de este sistema para mejorar nuestra financiación", afirma el presidente del comité. Además, tener lotería e intentar venderla a usuarios y familias, a menudo con pocos recursos, es una presión añadida y un posible "chantaje emocional" para hacerles "responsables" de la viabilidad de la propia entidad.

 

Ante esta situación, el Cocarmi reclama a la Generalitat de Catalunya que se revise el modelo de subvenciones y financiación de las entidades del tercer sector social para implementar un sistema más justo, estable y equitativo que asegure su sostenibilidad y, por tanto, la continuidad de la prestación de los servicios de atención a las personas más vulnerables. También pide que se retire la “Dooble” o se replantee, disociándola completamente de las entidades del sector social y de su financiación.

 

 

Está integrado por una docena de federaciones y asociaciones que dan voz a las personas con discapacidad de Catalunya, ya sea discapacidad física, orgánica, intelectual, sensorial, trastorno mental o pluridiscapacidad (www.cocarmi.cat). Según datos de 2021 del departamento de Derechos Sociales, hay en Catalunya 34.799 personas con alguna discapacidad legalmente reconocida. Una década antes, en 2011, el número de personas con discapacidad era de 454.914. El COCARMI lo integran ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, Federació Catalana d’ Autisme, FECETC, FEDER en Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT y ONCE Catalunya. El COCARMI forma parte del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa a unos 3,8 millones de personas con discapacidad de unas 7.000 asociaciones. Forma parte asimismo de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y de la Plataforma de Infancia de Catalunya (PINCAT).